Consideraciones sobre la Teoría de los Actos propios en la Jurisprudencia Nacional

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En el fallo emitido por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, al amparo de la ley 194/93, se ha considerado inadmisible la Excepción de Falta de Acción planteada como una cuestión de especial y previo pronunciamiento, bajo dos criterios disímiles:

  1. Bajo el parecer sustentado por los Dres. Bajac Albertini y Rienzi Galeano, la legitimatio ad causam (calidad para obrar)  de la actora se encuentra respaldada en el reconocimiento –realizado en un proceso judicial distinto y anterior- por la demandada de la relación jurídico-comercial existente entre las partes (Teoría de los actos propios ), con lo cual resulta inadmisible la excepción de falta de acción interpuesta.
  1. Por otro lado, el Dr. Garay, sin estar en disidencia con lo finalmente resuelto por sus conjueces (el rechazo de la defensa), profundiza aún más en el marco de la ley 194/93 y argumenta que para sustentar válidamente la Excepción de Falta de Acción, no sólo resulta necesario acreditar la ausencia de calidad de agente comercial, sino que también debe probarse  que la relación jurídica ha sido cancelada sin expresión de causa, lo cual al no ser manifiesto a esta altura del proceso hace inviable la excepción de falta de acción como de previo y especial pronunciamiento (inadmisibilidad formal).

En primer término es oportuno destacar que la "calidad para obrar" no es otra que la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca, en razón de su titularidad u otra circunstancia que justifica su pretensión.

La falta de acción es manifiesta y puede ser resuelta con especialidad y previo al trámite de contestación de la demanda, cuando en el actor exista insuficiencia en la calidad para obrar (legitimatio ad causam), vale decir cuando no hay coincidencia entre la persona que efectivamente actúa en el proceso y la persona a la cual la ley habilita especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso.

A dicho respecto, considero clara y debidamente ajustada a derecho la interpretación sustentada por la mayoría de la Sala, dado que ante el planteamiento de una excepción de falta de acción, es menester definir la posición de las partes (aptitud para ser demandante y demandado) y no el objeto en sí de la demanda (derecho a percibir una indemnización por la cancelación sin expresión de causa) como lo hace el Dr. Garay a través de su voto.

El preopinante de la mayoría, Dr. Bajac Albertini, ha observado con meridiana claridad, que al ser la relación comercial anterior a la vigencia de la ley 194/93, son admisibles - por efectos de la misma ley- todos los elementos de prueba tendientes a crear la convicción en el juzgador de la existencia de tal relación jurídica, y en tal sentido resulta incontrastable lo relatado por el mismo excepcionante en un juicio tramitado entre las mismas partes, el cual fuera ofrecido como fuente de prueba documental.

Las menciones, a las cuales hace referencia el fallo, daban cuenta -por parte del excepcionante-, de la existencia de una relación comercial anterior entre los litigantes, lo cual resulta incoherente con el criterio sustentado en la excepción de falta de acción; por lo cual le resulta aplicable el principio denominado: "Doctrina de los Actos Propios"

Esta jurisprudencia nos abre la posibilidad de profundizar aún más sobre el instituto de la "Doctrina de los Actos Propios" o "venire contra factum proprio, non valet" y analizar  someramente cuales son sus presupuestos de aplicabilidad.

Según la misma "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, a través del ejercicio de una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".

Obras doctrinarias, de autores argentinos, nos servirán para asignarle determinadas características, perfiles y limitaciones, que se han ido consolidado. Veamos cuales son:

a)      Una situación jurídica preexistente,
b)      Una conducta del sujeto, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa seria de comportamiento futuro (1).
c)       Una pretensión contradictoria con esa conducta atribuible al mismo sujeto

Los actos propios, para ser tenidos como expresión de actuación oponible, deben ser aquellos que por su carácter trascendental o por constituir convención, o causar estado, definen inalterablemente la situación jurídica de su autor, o aquellos que vayan encaminados a modificar o extinguir algún derecho" (2).
        
La doctrina de los actos propios constituye en los términos del art. 6 del Cód. Civil, un principio general del derecho que los jueces deben aplicar cuando en el caso que se les presente, se reúnan los elementos estructurales que posibilitan su aplicación.

Cabe destacar previamente que, en ciertos casos, hay razones de peso que justifican el cambio de actitud o pretensión. En tal sentido, la normativa ha establecido supuestos en los que expresamente se confiere a la parte, la facultad de variar o modificar la posición asumida. El principal ejemplo es la posibilidad de modificar o ampliar la demanda antes de correr traslado de la misma, autorizado por el art. 217 del Código Procesal Civil.

Igualmente dentro del ámbito sustancial pueden señalarse diferentes disposiciones legales que autorizan volver sobre actos o manifestaciones propias; tales como, las ofertas que pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas; la revocabilidad del testamento a voluntad del testador hasta su muerte, etc.

Pero no debe olvidarse, que la regla fundamental de que "nadie puede venir contra sus propios actos", no es absoluta y no debe ser aplicada en forma rígida, ilimitada o con cualquier objeto.

Así, la primera limitación que encuentra la doctrina es su aplicación residual, puesto que no corresponde utilizarla cuando la ley regula una solución expresa para la conducta contradictoria, sea impidiéndola o permitiéndola. Así, por ejemplo,  nuestra jurisprudencia ha considerado que la intimación extrajudicial por un monto inferior al que judicialmente fuera ejecutado con posterioridad, no reúne los requisitos señalados por el art. 571 del Código Civil y la Jurisprudencia nacional, para avalar una excepción de pago parcial (voto del Dr. Riera Hunter. "La capital S.A. c/ Roberto A. Dragotto s/ cobro de guaraníes)

Tampoco procede su aplicación cuando la propia normativa sanciona o veda la contradicción. Ejemplo de esta prohibición de base legal de ir en contra de actos anteriores, es el art. 574 (la aceptación de pagos incompletos sin efectuar reserva de percibir los intereses adeudados al recibirlos, veda la reclamación posterior de los accesorios). En tal caso, el legislador ha previsto expresamente la prohibición de variar de conducta, lo que torna innecesario o redundante el empleo del "venire contra factum".-

Diez Picazo, dice que "para nuestra jurisprudencia la aplicación de la regla que impide venir contra los actos propios presupone siempre una situación procesal... es en el proceso donde no se puede venir contra los actos propios" (3), sin embargo esa opinión ha encontrado detractores, ya que hay quienes consideran a la "Doctrina", igualmente aplicable a los actos extrajudiciales, como es el caso de una confesión extrajudicial, la cual es igualmente válida en nuestro ordenamiento conforme lo dispuesto por el art. 302 del C.P.C.  

No obstante a dicha nueva corriente, es importante destacar que en tales casos, la cuestión se halla regida específicamente por el art. 302 del CPC -que elevan a categoría de semi-plena prueba la confesión efectuada fuera del juicio-; por ello en virtud de la vigencia subsidiaria de la regla, no procede valerse de la misma, sino aplicar simplemente la normativa.

Por otra parte, somos del parecer de Marcelo J. López Mesa según el cual, corresponde ir un paso más allá y aplicar la regla también a las comunicaciones fehacientes. Dicho en otras palabras, cuando la manifestación ha sido libre, dirigida en sentido indudable a crear o modificar sus derechos, la expresión extrajudicial formal, obliga, quedando atado el manifestante a sus expresiones.

Otro presupuesto necesario de aplicación es la adecuación al principio de congruencia, ya que es necesario que la parte haya denunciado el cambio de actitud de la contraparte para que proceda la aplicación de la regla, tornando inaplicable la Doctrina de oficio.-

La jurisprudencia extranjera ha expresado reiteradamente que "En el venire contra factum", el efecto se produce de un modo objetivo en el cual no se tiene en cuenta tanto la voluntad del autor del acto como la confianza que ese acto suscita en el tercero.

Sobre el punto, es importante diferenciar aquella "objetividad" en  la que se excluye el análisis de la posible existencia de vicios determinantes de la voluntad en la primera declaración, esto es, que no posee efectos el que haya existido violencia, dolo o error excusable. En tal caso debe existir una mitigación del concepto objetivo y permitir la acreditación por la parte y la apreciación prudente por el juez, del vicio o de la justificación del error alegado; de lo contrario, los justiciables quedarían irremediablemente atados a sus actos anteriores, cualesquiera fueran las circunstancias, motivaciones y características de éstos.

Resulta destacable igualmente, la opinión de quienes consideran que aunque con ciertas limitaciones, la doctrina de los actos propios también es aplicable a la Administración pública. La doctrina de los actos propios es aplicable tanto a materias regidas por el derecho privado, como en aquellas sometidas al derecho administrativo.          El Prof. Alberti, postuló con acierto que la inclusión de las personas de derecho público (concepto que involucra entre otras a la Administración), quedan vinculadas al deber de coherencia, porque esa conclusión parece la única compatible con el concepto de Estado de Derecho (4).

Dicha concepción es acertada, puesto que lo contrario implicaría una dispensa inaceptable de la malicia, bajo el pretexto de la utilidad pública del obrar administrativo.

Por último corresponde señalar que el principio no debe aplicarse respecto de manifestaciones o propuestas efectuadas con ánimo conciliatorio. Así el Trib. Supremo de España desde antiguo ha manifestado que "la manifestación hecha en el acto de conciliación no se puede conceptuar como acto que deje ligado a quién la ha proferido, no habiendo, como no hubo, avenencia entre las partes.

Resulta lógico que en atención a que la tendencia del derecho moderno es la superación del conflicto, mediante el empleo de medios alternativos de solución de controversias, se impone el deber de liberar a las partes de permanecer en afirmaciones o propuestas efectuadas con ánimo conciliatorio.
        
Conclusión:

No caben dudas que la aplicación de dicha doctrina al presente caso, resulta un triunfo del buen tino y del sentido común hecho justicia, ya que han llenado a cabalidad los presupuestos genéricos de la figura.
        
Criterios de aplicación como el sustentado por los jueces de la Corte Suprema, permitirán en el futuro que aquellos tecnicismos, y artilugios retóricos, de los que son afectos ciertos litigantes, queden excluidos como reglas de juego en el campo judicial, proveyendo así a los justiciables la previsibilidad  y seguridad jurídica tantas veces pretendida.

Lo importante es, sin negar el grado de proyección que tiene la figura, recordar que como casi toda institución jurídica debe aplicarse con mesura. En el foro como en la vida, todo o casi todo, es cuestión de medida, prudencia y sereno juicio.

Citas
(1) El Tribunal Supremo de España resolvió que "para que los actos propios puedan ser tenidos en cuenta es necesario que los mismos representen de modo concluyente, trascendental y bien precisado la creación, modificación o extinción de algún derecho causando estado y definiendo jurídicamente la situación del que los crea, pues de este modo se queda sometido a sus consecuencias y efectos" (Trib. Supremo de España, Sala 1º, sentencia del 17/12/994,Ponente: Dr. Villagomez Rodil, en Revista Jurídica española La LEY, Tomo 1995-I-218/223, con cita de otras decisiones del mismo Tribunal y Salade fechas 5 de Marzo, 14 de Mayo y 27 de Noviembre de 1991 y 12 de Abril y 9 de Octubre de 1993).
(2) Trib. Sup. de España, Sala 1º, sentencia del 26/12/991,Ponente: Dr. Almagro Nosete, Archivo 1992-2833, en Revista Jurídica española La LEY, Rep. XII, pag. 66).
(3) Diez Picazo,Luis, prólogo a"El principio general de la buena fe", pags. 108, 188 y sigs. y 193
(4) Alberti, Edgardo, prólogo, cit, pag. XIX y XX

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